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Las mujeres y la tierra, la propiedad y la vivienda

Los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres. Los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, la vivienda y la propiedad son factores decisivos para las condiciones de vida de la mujer, especialmente en las economías rurales, son fundamentales para la supervivencia diaria de las mujeres y sus hijos, así como para su seguridad física y económica. Pero a pesar de la importancia que estos derechos tienen para ellas y para los hogares que están a su cargo, las mujeres carecen aún de manera desproporcionada de seguridad en la tenencia de estos bienes. 

Esto suele deberse al hecho de que el registro de la propiedad está a nombre de un hombre: el padre, el marido o el hermano. En caso de separación o divorcio, el hombre suele retener los derechos sobre la propiedad o la tierra, mientras que la mujer se queda sin hogar o tiene que compartir la propiedad con su familia política, sin obtener dominio ni derechos sobre ella. Las leyes discriminatorias relativas a la propiedad, la tierra y la vivienda y la falta de control sobre las mismas hacen también que las mujeres sean marginadas de los procesos comunitarios de toma de decisiones dirigidos por los hombres, que son los terratenientes habituales. En las comunidades rurales, la propiedad de la tierra determina a la vez la categoría social y la manera en que se ejerce el control sobre los recursos e ingresos del hogar. La desventajosa posición económica de las mujeres en este sentido genera una dependencia estructural de los hombres en lo tocante al acceso a los recursos, lo que a su vez puede exponerlas a la inseguridad y la violencia.

Las prácticas culturales y religiosas, así como los usos sociales tradicionales, también pueden repercutir en los derechos de las mujeres a la tierra, la propiedad y la vivienda. Estas prácticas a veces coexisten con las leyes oficiales y con frecuencia discriminan a las mujeres en los ámbitos de la tierra, la propiedad y la vivienda, prevaleciendo a menudo sobre la legislación nacional. Además, la interpretación de la ley escrita puede estar influida por las prácticas o leyes consuetudinarias en detrimento de los derechos de la mujer. A menudo las mujeres no pueden participar en la toma de decisiones en lo relativo a la tierra, la propiedad y la vivienda, aunque estos asuntos les afectan grave y directamente. Los prejuicios de género en la administración oficial también redundan en la marginación de las mujeres de la adopción de decisiones relativas a políticas y programas sobre tierras y viviendas. 

Las mujeres que padecen modalidades múltiples de discriminación – por ejemplo, las ancianas, las mujeres con discapacidad, las que viven con el VIH/SIDA o las que pertenecen a comunidades minoritarias o grupos indígenas – tropiezan con obstáculos adicionales para acceder a la tierra y la propiedad. Por ejemplo, a las viudas, que a menudo son mujeres mayores, se les acusa en algunos lugares de haber matado a sus maridos por haberles contagiado el VIH/SIDA y sus parientes usan este argumento como pretexto para despojarlas y desahuciarlas. En esos casos las mujeres pierden el acceso a recursos productivos que eran muy importantes, habida cuenta de sus necesidades de atención médica.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en su artículo 17 (1) y 17 (2) el derecho de toda persona a la propiedad, sin distinción de sexo, y en su artículo 25 proclama el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda y la seguridad en caso de pérdida de los medios de subsistencia, mientras que en su artículo 16 estipula que toda persona debe disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene una cláusula exhaustiva contra la discriminación, también prohíbe la legislación o las medidas que discriminen a las mujeres, comprendidos los ámbitos de la propiedad, la vivienda y los derechos sobre la tierra.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección legal. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el derecho a una vivienda adecuada. Además, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se pide específicamente a los Estados que adopten todas las medidas apropiadas para erradicar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y garantizar que goce de condiciones de vida adecuadas, comprendida la vivienda adecuada (CEDAW, artículo 14.2). En su artículo 16.1 la CEDAW pide a los Estados Partes que adopten todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, que garanticen los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing contiene el compromiso de los Estados de “adoptar reformas legislativas y administrativas para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas”. La Conferencia Hábitat II de las Naciones Unidas que se celebró en Estambul en 1996, y la Declaración de Estambul y Programa de Hábitat, proporcionan un plan de acción sobre los derechos, comprendidos los derechos de las mujeres, en el desarrollo de los asentamientos humanos. En la Declaración se exhorta a los gobiernos a garantizar la seguridad de la tenencia y el acceso equitativo a la tierra a todas las personas, incluidas las mujeres y las personas que viven en la pobreza.

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